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TUXTLA GUTIÉRREZ. Eduardo Ramírez Aguilar, recibió de
manos del sector empresarial la propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones
y Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, a la que
calificó como una propuesta incluyente que suma la participación de todos los
actores, en este caso del gremio empresarial.
En el marco de un desayuno en donde también estuvieron
presentes
el secretario de Economía estatal, Ovidio Cortazar Ramos y el
presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Penagos Vargas; Ramírez Aguilar dijo que por
primera vez este sector forma parte en la toma de decisiones para la
elaboración de esta iniciativa, lo que representa un empoderamiento ciudadano.
“Desde el inicio de esta Legislatura nos propusimos
escuchar las necesidades de todos los sectores, darles voz y voto para poder
trazar un rumbo más adecuado y eficaz, con iniciativas más ciudadanas; hecho
que hoy se ve reflejado en esta propuesta que empodera al sector empresarial,
uno de los más importantes para el desarrollo económico de todo pueblo”,
destacó.
Con esta iniciativa –dijo Ramírez- se pretende fortalecer
la economía local, en donde los productos o las empresas chiapanecas tengan
prioridad en el orden de adquisiciones de lo que consumen las Instituciones de
Gobierno, tanto del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como de los
Ayuntamientos y organismos públicos descentralizados que manejen recursos
estatales.
Con esto -señaló- se estarían generando mayores empleos y
por lo
tanto más derrama económica al interior de Chiapas, es decir que “el
dinero que acá se gaste aquí se quede”.
Ramírez Aguilar también puntualizó que con esta reforma
se espera una mayor transparencia, toda vez que se le da la oportunidad a los
organismos empresariales para que en una licitación tengan la participación de
manera directa, a través de un Comité formado por Cámaras empresariales, el
cual estaría transparentando el uso de los recursos públicos.
Cabe señalar que el Comité de Adquisiciones estaría
representando por organismos como la Canaco, Coparmex, Canacintra, Consejo
Coordinador Empresarial, los cuales deberán ser vigías y garantes de la
aplicación de esta ley, en caso de ser aprobada.
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