Eleazar Domínguez Torres
Boca del Cielo, Tonalá.
Preocupados por el hostigamiento y la represión que han sufrido
autoridades comunitarias e integrantes de la sociedad civil que resisten
y luchan contra mega proyectos, como explotación minera y construcción
de represas diversas organizaciones sociales concluyeron el encuentro
denominado: “Encuentro Chiapaneco de Afectados por Represas y Minería
“celebrado este fin de semana en esta comunidad.
A
este evento convocado por el Movimiento de Afectados por Presas y en
Defensa de los Ríos,(MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (REMA) asistieron por lo menos 70 delegados de las diversas
regiones políticas y económicas de la entidad y fundamentalmente de
municipios donde la actividad minera ya es una realidad, por ello
durante este evento asistieron delegaciones representativas de los
municipios de Escuinta, Acacoyagua, Pijijiapán, Tonalá, Arriaga,
Cacahotan, Acapetahua, Frontera Comalapa, chicomuselo, San Juan Cancúc,
Chenalhó, Huixtan, Ixtapa, así como diversas representaciones de
comunidades pesqueras, entre otras.
Gustavo
Castro, de Otros Mundos Chiapas, en entrevista para esta casa editorial
refirió, que dicho evento reviste de una importancia mayúscula toda vez
que frente al avance inminente de los mega proyectos en la entidad y sus
fatales consecuencias como el despojo a los territorios y el daño al
medio ambiente se hace necesario presentar una lucha conjunta con
diversas fuerzas sociales que de una y otra manera tengan presencia e
incidan en las zonas de construcción de represas o extracción minera.
“Este
es un encuentro de las organizaciones y de los afectados por presas y
minas y la idea de este evento es hacer un análisis y un diagnóstico de
la situación estatal en torno a estos dos grandes mega proyectos que se
van implementado en el estado en donde tenemos casos de proyectos de
represas, no solamente en esta zona de la costa, también en los altos,
así como también la construcción de cinco presas en la Cuenca del
Usumacinta que amenazan los territorios y el desalojo de pueblos y
comunidades.
Al mismo tiempo las concesiones
mineras, esas siguen aumentando incluso el trabajo minero ilegal, es
decir el que no está autorizado, actualmente conocemos más de cien
concesiones mineras que abarcan más de un millón y medio de hectáreas
para extraer Titanio, Barita, Oro y otros minerales y de hecho ya vemos
afectaciones en la salud en algunos municipios”.
El
ambientalista indicó que lamentablemente a la par de las afectaciones a
la salud, al medio ambiente, y al despojo de los territorios persiste
ya en diferentes zonas del estado de Chiapas la criminalización de la
protesta social, de tal suerte que se busca inhibir la lucha de las
comunidades y sus pueblos en defensa de la vida y de los territorios.
“Esto
es una situación muy preocupante ya que el gobierno cada vez va
buscando las formas y los mecanismos de como favorecer y garantizar a
las empresas sus inversiones, los cuales se dan fundamentalmente en los
acuerdos y tratados de libre comercio y ahora avalados también por la
reforma energética y sus leyes secundarias y nos preocupa que ahora
entra con mucha mayor fuerza las concesiones y las afectaciones que se
ocasionarán también por la extracción petrolera y de gas en la entidad.
Ya
empiezan este año a vender en la ronda dos el pozo de Nazaret que se
encuentra en los municipios de Altamirano y Ocosingo el cual tiene una
extensión territorial de doscientos kilómetros cuadrados, eso va a traer
resistencia, va a traer movilizaciones y es muy seguro que también se
eleve la criminalización de la protesta social”.
Por
ello dijo que frente a la división que generan los mega proyectos en
las comunidades, las compras de conciencia y la división ocasionada
contra autoridades comunitarias, la violación a los derechos humanos y
el uso de la fuerza para someter a pueblos enteros a los megaproyectos
generara mayor criminalización, lo que necesariamente obliga a los
defensores de derechos humanos y ambientales permanecer a la
expectativa, finalizó.
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